Jueves 20 de Julio del 2017 - 17:33

Confirmaron el procesamiento de tres militares, un gendarme y un penitenciario

Los camaristas federales rechazaron el recurso de la Fiscalía para que se les dicte la prisión preventiva y confirmaron que los imputados deben continuar el proceso en libertad. Entre las víctimas de las detenciones ilegales, gran parte sucedidas en Rió Gallegos, está el ex presidente Néstor Kirchner.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de tres ex militares, un ex gendarme y un ex penitenciario federal como coautores del delito de privación ilegal de la libertad -en varios casos agravada por haber durado más de un mes- de un grupo de 29 prisioneros, entre ellos el ex presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, que fueron confinados en la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos entre 1976 y 1978 para ser “sometidos a interrogatorios relacionados con actividades políticas y gremiales”.

El fallo, firmado el 7 de marzo por los camaristas Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, ratificó los embargos de 50 mil pesos para los imputados y rechazó el pedido del fiscal ad hoc Pablo Mansilla para que se les dicte la prisión preventiva, pues los magistrados consideraron que no existe el peligro de fuga ni de entorpecimiento del proceso por parte de los imputados.

Los procesados, que con esta confirmación de la decisión adoptada en primera instancia se encaminan a juicio oral y público, son el ex jefe de la Sección de Inteligencia 183, Eduardo Jorge Sarmiento, entonces mayor del Ejército; el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 183, Humberto Esteban Pompilio Ferrucci; y el jefe de Grupo de la Sección Inteligencia 183, Enrique Gentiluomo, entonces capitán, a quienes se les imputan nueve casos, entre ellos el de Kirchner.

La resolución también comprende las situaciones del ex jefe de inteligencia del Escuadron 43 “Río Turbio” de la Gendarmería Nacional, Benito Palomo, en siete casos, y el ex alcaide y jefe de División Seguridad Interna de la UP 15, Juan Ferruccelli, por los 29 hechos que consideró acreditados el tribunal, aunque la Fiscalía impulsa 36.

El objeto procesal de la causa son las privaciones ilegales de la libertad de las 36 víctimas y la aplicación de tormentos a dos de ellas. Se trata de personas que fueron detenidas y trasladadas por diferentes fuerzas de seguridad para ser alojadas en la Unidad Penitenciaria n° 15 del Servicio Penitenciario Federal, por orden de la Jefatura de Área 533 del Ejército Argentino.

El Área 533 tenía su jefatura en el Destacamento de Exploración de Caballería Blindado 181 de Esquel, Chubut. Estaba dentro de la denominada Subzona 53, con asiento en la IX Brigada de Infantería, en Comodoro Rivadavia. El órgano de inteligencia castrense que le reportaba a esa unidad era el Destacamento 181, con sede en la misma ciudad, del que dependían los grupos de Inteligencia de Rawson y Trelew (Chubut), y la Sección Inteligencia 183 de Río Gallegos. Todas estas dependencias se enmarcaban en el V Cuerpo del Ejército, con sede en Bahía Blanca.

Según se estableció en la causa, las órdenes de detención de las víctimas fueron firmadas en el Área 533 por triplicado y remitidas a la Sección de Inteligencia 183 y a la UP 15.

Las víctimas cuyo casos conforma en el objeto de la investigación corresponden a diferentes grupos: varios fueron secuestrados el día del golpe de Estado o en las jornadas siguientes, la mayoría dirigentes sindicales; otros grupos fueron detenidos entre marzo y abril 1977 en Río Turbio por la Gendarmería; y los restantes por militares del área 533, la Policía Federal, la Policía provincial y la Prefectura Naval en diferentes momentos, de acuerdo a las órdenes emanadas de las autoridades castrenses.

En el caso del ex presidente, la Fiscalía describió en su requerimiento de instrucción -de 2013- que estuvo privado ilegalmente de la libertad entre el 15 y el 18 de marzo de 1977 en la UP 15. Kirchner, junto a otras personas, fue citado al Distrito Militar, donde se presentó el 15 y le fue impuesta la detención en carácter de incomunicado.

Días antes, el 28 febrero de 1977, Humberto Jacinto Quiñonez fue secuestrado en su domicilio de Río Gallegos por personal de la Sección de Inteligencia y fue llevado a la UP15, donde -según declaró- fue interrogado por miembros de la inteligencia castrense sobre su actividad política y los participantes de la Juventud Peronista, “tales como Cacho Vásquez, Néstor Kirchner, Pertierra, Alberto Maruco, César Vivar y si se vinculaba con la organización Montoneros”, indicó la Fiscalía en su requerimiento.

La detención ilegal de Kirchner fue narrada por Rafael Horacio Flores, detenido en las mismas circunstancias que el ex jefe de Estado cuando -a raíz de una citación- se presentó en el Casino de Oficiales del Distrito Militar de Río Gallegos. A los pocos minutos llegó Kirchner.

“Lo interrogaron [a Flores] sobre su militancia política. Particularmente, le preguntaron si conocía determinadas personas y si había militado con individuos que tuvieran participación en la Universidad Nacional de La Plata o en la Juventud Peronista de La Plata. Al finalizar el interrogatorio, le comunicaron que iba a permanecer detenido por unos pocos días, pero que antes lo llevarían a su domicilio para que le avise a su familia y se cambie de ropa”, señaló la Fiscalía . Y continuó: “durante su detención, fue nuevamente interrogado. El 18 de ese mismo mes fue liberado y llevado al regimiento donde lo recibió el Coronel [Alberto Horacio] Calloni, quien le dijo que no había nada para inculparlo y que se cuidara de no realizar actividades políticas porque estaban prohibidas. La tía de la víctima los recogió a él y a Néstor Kirchner en auto”.

Los procesamientos de esta causa en la primera instancia fueron dictados por la jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Gallegos, Andrea Belinda Askenazi Vera, ante quien actúa el fiscal subrogante Julio Gonzalo Miranda.

La Fiscalía también investiga en este expediente al ex 2° jefe del Escuadrón 43 Río Turbio, Luis María del Castillo; el Jefe de la 1° Seccional del Destacamento de Inteligencia 183, Eduardo Álvarez; los ex 2° jefe de la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal, Afrosidio Nicolás Chacoma y Carlos Oscar Colombo, y el subcomisario de esa fuerza, Miguel Bomparola; los ex comisario a cargo de la seccional 1° de Río Gallegos, Juan Manuel Matulich y Héctor Armando Marzzan; y al entonces jefe de Policía de Santa Cruz, Mario Enrique Pérez. Todos ellos también se encuentran procesados sin prisión preventiva, decisión que el fiscal Miranda también apeló y se encuentra pendiente de resolución.