Viernes 26 de Mayo del 2017 - 14:11

Las vicisitudes del proceso de paz en Colombia

Por Pedro Santana RodríguezLejos de la tranquilidad que muchos esperaron con el acuerdo firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, en representación de las FARC-EP el proceso ha estado lleno de problemas que comenzó justamente después de firmado inicialmente en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre del año 2016.

El primer gran obstáculo sobrevino por el resultado negativo del plebiscito en que el Gobierno de Santos se empeñó en realizar para refrendar los Acuerdos que recordemos fue ganado estrechamente por el NO con una diferencia de 0.46 por ciento en contra del SI. Inmediatamente se inició un proceso de renegociación de los Acuerdos en que la oposición liderada por Álvaro Uribe Vélez presentó unas 60 enmiendas de las cuales fueron aceptadas unas 57 que en muchos aspectos desmejoraron el Acuerdo inicialmente pactado. Aún con todas esas concesiones Uribe se negó a respaldar el nuevo acuerdo y tildó las concesiones como menores.

Lejos de la tranquilidad que muchos esperaron con el acuerdo firmado el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, Timochenko, en representación de las FARC-EP el proceso ha estado lleno de problemas que comenzó justamente después de firmado inicialmente en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre del año 2016. El primer gran obstáculo sobrevino por el resultado negativo del plebiscito en que el Gobierno de Santos se empeñó en realizar para refrendar los Acuerdos que recordemos fue ganado estrechamente por el NO con una diferencia de 0.46 por ciento en contra del SI. Inmediatamente se inició un proceso de renegociación de los Acuerdos en que la oposición liderada por Álvaro Uribe Vélez presentó unas 60 enmiendas de las cuales fueron aceptadas unas 57 que en muchos aspectos desmejoraron el Acuerdo inicialmente pactado. Aún con todas esas concesiones Uribe se negó a respaldar el nuevo acuerdo y tildó las concesiones como menores.

Tres puntos no fueron aceptados pues constituyen el eje central del Acuerdo Final. El primero el establecimiento de un Sistema Integral de Justicia para la Paz y dentro de él un Tribunal Judicial nombrado por representantes de cinco instituciones tres internacionales y dos nacionales; el establecimiento de penas restrictivas de la libertad sin cárcel para los actores armados que confiesen toda la verdad y concurran a la reparación de las víctimas. Este punto no fue aceptado por Uribe y sus aliados que exigían cárcel para los jefes guerrilleros y eliminación del Tribunal de Justicia Transicional y en cambio Uribe propuso que concurrieran a los organismos judiciales ordinarios con penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años en establecimientos carcelarios. Un segundo punto no aceptado por el Gobierno y las FARC-EP consistió en otorgar elegibilidad política sin restricción a los dirigentes guerrilleros. Uribe proponía que mientras cumplieran sus penas no podrían ser elegidos. Y finalmente Uribe proponía que en ningún caso el delito de narcotráfico fuera considerado como conexo al delito de rebelión. Estos puntos apuntaban a hacer inviable el Acuerdo. Así lo constato el Gobierno y una vez rehecho el Acuerdo se volvió a firmar como ya dijimos el 24 de noviembre y se sometió a consideración del Congreso que lo aprobó entrando en vigencia el 1 de diciembre de 2016. Con posterioridad la Corte Constitucional en fallo del 13 de diciembre encontró legítimo que el Gobierno hubiese acudido al Congreso para su aprobación.

Aprobado y legitimado el Acuerdo como hemos señalado se inició su implementación. De acuerdo con el Observatorio de Seguimiento e implementación del Acuerdo de paz, organismo autónomo de la sociedad civil que hace seguimiento a la implementación de los Acuerdos presentó en Bogotá este miércoles 3 de mayo un informe sobre lo que va de su implementación.

El informe sostiene que tan sólo 18 de 242 actividades analizadas en el marco de la implementación han sido ejecutadas, 62 están en ejecución, 49 por iniciar y 113 atrasadas. Los datos generales señalan, además, que el total de avance es tan sólo del 12,7%.

El informe de cuenta que en casos como el de la Reforma Rural Integral, el estado de avance es del 3,3%, en el desmonte del paramilitarismo es del 4% y en el de comercialización de cultivos es del 0%. En el frente legislativo se ha avanzado lentamente. A la fecha se han aprobado dos actos legislativos (el del Sistema Integral de Justicia para la Paz y el que otorga curules y estable medidas de favorabilidad política para las FARC); dos leyes que son a su vez La ley que otorga amnistía a los combatientes rasos no incursos en delitos de lesa humanidad y la que establece el Estatuto de la Oposición; cuatro decretos ley y ocho decretos ordinarios.

En términos generales el informe advierte sobre la necesidad de acelerar el paso para la implementación de los Acuerdos toda vez que los tiempos electorales pueden aún significar un terreno con mayores obstáculos para la implementación de acuerdos, toda vez que en el mes de marzo se realizarán elecciones al Congreso de la República y en el mes de mayo del próximo año habrá elecciones presidenciales. La aprobación de las leyes aún con el mecanismo del Fast Track o vía rápida enfrenta cada vez mayores dificultades, toda vez que los partidos tratan de sacar ventaja y cuotas burocráticas de un gobierno al que solo le faltan unos 420 días para terminar su período. Pero además agrega el informe que el hecho que se apruebe la norma no quiere decir que se va a poner en marcha y eso se puede ejemplificar con la Ley de Amnistía e Indulto. A la fecha han salido por amnistía de iure 196 guerrilleros de las cárceles, se ha otorgado libertad condicional a 29 personas de las Farc y 72 más han sido trasladadas a zonas veredales por fallo judicial. “De una lista de 2.736 nombres entregados por las Farc a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se han certificado hasta ahora 1.777”. Jesús Santrich del Secretariado de las Farc, quien participó en el evento de entrega del informe señaló al diario El Espectador: “La ley de amnistía está ahí desde diciembre, pero no ha sido posible que el universo de personas que se deben beneficiar estén ya en libertad. Y en esto también tiene que ver el Gobierno. No se lo podemos dejar sólo al aparato judicial, porque parece que no hubiera un compromiso del Estado sino uno de Gobierno y por partes. Promediando estamos sacando 1,2 guerrilleros por día. Aquí nos vamos a llevar una eternidad. Imagínese cuando se trate de amnistiar a los más de 7.000 combatientes que están en las zonas veredales; eso va a ser otro lío enorme”.

Otro de los negociadores en La Habana, Arturo Alape señaló “ni siquiera existen territorios para implementar los primeros proyectos productivos. “La gran preocupación es que llegamos al día D+180 y para dónde nos vamos a ir. Hay amenazas, hay ofertas grandes, alrededor de millones de pesos para el que quiera irse a trabajar con estructuras criminales”. El Gobierno por supuesto que tiene una visión más optimista aunque no necesariamente esa visión más optimista sea verdad.

Pero dentro del conjunto de problemas que afronta la implementación de los Acuerdos el tema principal como hemos insistido en estas mismas páginas, tiene que ver con el asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y ahora por desgracia dos integrantes de las Farc-Ep y 7 familiares de guerrilleros en proceso de desarme. A la fecha y de acuerdo con informaciones de Indepaz con corte al 3 de mayo de 2017 43 líderes y/o defensores de Derechos Humanos han sido asesinados durante 2017.

En las regiones en dónde más homicidios se han presentado es en los departamentos del Cauca, Antioquia y Chocó. Un problema que hemos destacado para argumentar el carácter sistemático de estos ataques y amenazas es que una buena parte de las mismas se presenta en las zonas donde hasta hace pocos meses tenían presencia militar las Farc-Ep y en esas regiones las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente. Y ello ocurre porque la Fuerza Pública no tomó el control militar y policial de estas zonas pese a las advertencias que múltiples analistas y organizaciones sociales habían señalado. Estas zonas al tener un dominio militar de las Farc-Ep, también tenían una presencia destacada de cultivos de uso ilícito, minería ilegal, y ahora han llegado hasta allí grupos neoparamilitares y sectores del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en busca de controlar estas actividades para lo cual han procedido de manera violenta contra los campesinos e indígenas que tradicionalmente viven en estos territorios. Es obvio que no solo se requería y requiere de una presencia de la Fuerza Pública sino que dichos territorios deben tener una presencia del Estado en su conjunto con los programas de sustitución de cultivos, redes de comercialización de sus productos, vías terciarias, centros de salud y educación, en fin, una real presencia del Estado y esto es lo que no viene ocurriendo.

Pero además lo que urge -como lo manifestamos diversos organismos e investigadores sobre el fenómeno del paramilitarismo hace ya más de un mes en reunión con la Comisión Nacional de Garantías surgida del Acuerdo de La Habana- es poner en marcha el Acuerdo de La Habana que en su punto tres (3) establece los mecanismos para el desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo si se quiere evitar un genocidio contra los miembros de las Farc-Ep. Allí además de crear la Comisión Nacional de Garantías se establece la creación de una Unidad Especial de desmonte e investigación sobre estas organizaciones criminales en la Fiscalía General de la Nación con autonomía administrativa y presupuestal dotada de recursos para la investigación así como la conformación de un Cuerpo Elite en la Policía Nacional y una Instancia de Alto Nivel que hará el seguimiento a estas políticas y organismos. El problema es que todas estas instancias y organismos aún no existen. La Comisión de Electores tendrá que elaborar una terna para que el Fiscal General de la Nación elija de esa terna al director/a de esa Unidad y apenas en el día de ayer el presidente de la República anunció la presentación de un Proyecto de Ley “para perseguir y sancionar a aquellos que pretendan poner en riesgo la seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos y representantes de las víctimas”. De acuerdo con las afirmaciones del presidente el Proyecto creará nuevos tipos penales, como el asesoramiento a organizaciones criminales y el enriquecimiento por minería ilegal, y contemplará el incremento de las penas relacionadas con estos delitos. Anunció también que expedirá un decreto para crear el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política y anunció que se iniciarán dos planes piloto en Tumaco y Buenaventura para luchar contra organizaciones criminales y se creó la subcomisión para hacer seguimiento a estos planes, que estará presidida por el Vicepresidente Oscar Naranjo.

Ahora bien hay que insistir que si algo de valioso tiene el Acuerdo Final y pese a las desmejoras que el punto sufrió en el proceso de la renegociación es que propone que la política para el desmonte de las estructuras neoparamilitares debe ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Garantías que debe descansar en un Pacto Nacional que debe comenzar en los territorios más afectados por el conflicto, que se debe crear una Unidad de Investigación en la Fiscalía pero sin dependencia del Fiscal General sino con Autonomía y que de ella dependerá el Cuerpo Elite de la Policía y que habrá un Comité de Seguimiento y evaluación de dicha política. Hay que señalar además que dentro de la orientación de esa Unidad ella debe privilegiar el análisis de contexto y que un tema primordial en las regiones más duramente azotadas durante los últimos cinco años se debe proceder a una depuración de las Fuerzas Armadas y de Policía pues es inaudito que en las regiones más militarizadas del país, con un gran pie de fuerza, estos grupos puedan moverse a sus anchas, patrullar con uniformes y amenazar a las comunidades como ocurre en Uraba, en Tumaco, en parte del Meta, Norte de Santander, Cauca y Nariño. Pero hay que insistir que la política pública para el desmonte de estas estructuras debe construirse públicamente en el proceso de construcción del Pacto Nacional que debe comenzar por los municipios continuar en los departamentos hasta alcanzar el gran pacto nacional como plantea el Acuerdo Final. Este es a mi juicio el mayor riesgo que afronta ahora el proceso de paz.


Por Pedro Santana Rodríguez (Bogotá), sociólogo e investigador. Director Revista Sur.

 

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