Martes 16 de Octubre del 2018 - 16:48

Glaciares, modelos científicos y comunidades

La socióloga Maristella Svampa analiza la polémica que suscitó el fallo del Juez Sebastián Casanello por el incumplimiento de la Ley Nacional de Glaciares, y reflexiona sobre la responsabilidad moral de la ciencia en su intersección con la política, el sector empresarial y la sociedad.

Maristella Svampa – No muchos lo saben pero durante todos estos años seguí de muy cerca el derrotero de la Ley Nacional de Protección de Glaciares, sancionada por el Congreso en 2010 luego del veto presidencial en el 2008. También escribí sobre el tema, sea en artículos periodísticos como en varias publicaciones académicas y libros.

Participamos de las audiencias públicas en favor de su sanción, desde el Congreso Nacional, junto con asambleas contra la megaminería, ongs ambientalistas, expertos y académicos varios. Incluso elaboramos material para la discusión, que distribuimos entre diversos parlamentarios. No éramos muchos en aquel debate, ocurrido en la misma época se estaba discutiendo la Ley de matrimonio Igualitario, donde estaban puestos todos los reflectores.

Personalmente considero que fue un enorme aprendizaje colectivo, tanto de tipo interdisciplinario como por el diálogo entablado con las comunidades afectadas. La Ley de Glaciares fue la primera y única a nivel nacional que apunta a colocar un límite a las actividades extractivas (petróleo y minería). Como es sabido, la implementación de la ley encontró notorios obstáculos, ya que fue judicializada desde el principio por el lobby minero, principalmente operado desde San Juan. Pero también otro obstáculo estuvo ligado al inventario de la ley de glaciares, a cargo del IANIGLIA, el cual no se hizo ni en tiempo ni en forma.

En esa línea, el reciente fallo del Juez Federal Sebastián Casanello constituye un avance importante, pues vincula los derrames producidos en la mina Veladero, responsabilidad de la empresa Barrick, con la violación de la ley de glaciares. Establece que si la ley se hubiese aplicado, al encontrarse Veladero en ambiente periglaciar, dichos derrames no se hubieran producido. En esa línea, el procesamiento a tres Secretarios Nacionales de Ambiente –de la gestión anterior- por violación de la ley es inédito: jamás las máximas autoridades ambientales habían sido procesados judicialmente por el incumplimiento de una ley ambiental. El procesamiento incluye también al entonces funcionario responsable del inventario por el IANIGLIA, Dr Ricardo Villalba, quien claramente se apartó de la definición que la Ley de Glaciares establece sobre glaciares y ambiente periglaciar, pretendiendo colocarse por encima de la misma, al imponer una definición más restrictiva (que en el debate parlamentario y posterior sanción de la ley había sido claramente descartada), lo cual produjo como consecuencia dejar afuera “zonas prioritarias” como la de Veladero, que quedaron mayormente desprotegidas.

Muchos de los colegas que se oponen de buena fe al procesamiento de Villalba, desconocen el debate de fondo que hay -y hubo- detrás de la Ley de Glaciares. Nuestra Ley no sólo es la primera en el mundo en su género, también fue una ley muy disputada. La presencia del lobby minero, tanto en la prensa como en el Congreso, representada por la cámara empresarial minera, gobernadores y funcionarios nacionales, fue no sólo constante sino también muy agresiva.

En razón de ello, habría que poner más cuidado antes de apelar a la solidaridad automática y corporativa en favor de Ricardo Villalba. Entiendo que muchos colegas piensan que su procesamiento “es un agravio a la ciencia”, pero se equivocan. Probablemente gran parte de los que apoyan a Villalba no conocen la ley ni la discusión que hubo en torno a ella. La definición que Villalba adoptó para su inventario de glaciares y periglaciares está en sintonía con el proyecto de ley que originariamente presentó Daniel Filmus, siendo senador nacional, en 2010 y que era más permisiva para con las actividades extractivas.

Del otro lado, les recuerdo, estaba el proyecto Bonnasso –que retomaba literalmente el de Martha Maffei, autora originaria de la ley, que fuera vetada por CFK en 2008-, un proyecto más protector en cuanto a glaciares y periglaciares y que ponía el acento en realizar el inventario en las “zonas prioritarias” donde estaban funcionando proyectos mineros, entre ellos, Veladero, en manos de Barrick. El caso es que antes de que la ley se tratara en la Cámara de Diputados, Filmus bajó las banderas y decidió llamar a Bonasso, para consensuar un proyecto en común, que a la sazón sería el proyecto Maffei-Bonasso, más protector, que de implementarse conllevaba la prohibición de una serie de proyectos mineros en marcha. Esa última fue la ley aprobada.

Sin embargo, Villalba no tomó como referencia la definición que aportaba ley aprobada sobre glaciares y ambiente periglaciar, ni tampoco respetó los tiempos que ésta ordenaba (aun teniendo en cuenta que ya en 2012 la Corte Suprema de Justicia levantó la cautelar que pesaba sobre su aplicación). Villalba dice haber apelado a los “estándares internacionales”, como si la ciencia no fuera una construcción social y dinámica.

Impuso, por ende, una definición rígida, inventariando solo los glaciares de 1 hectárea, sin tener en cuenta, por ejemplo, que si se trata de inventariar una zona árida o desértica, como San Juan, La Rioja o Neuquén, los pequeñ 500 Internal Server Error

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