Lunes 15 de Octubre del 2018 - 07:11

La pregunta es aborto clandestino o aborto legal, por María Emilia Soria

La diputada nacional por Río Negro (FpV-PJ) se refirió en una columna escrita para AGENCIA PACO URONDO a su posición en el debate sobre la legalización del aborto.

Por María Emilia Soria

Como mujer, como madre y como política, y en especial desde que asumí como diputada nacional vengo construyendo mi posicionamiento político sobre el aborto.

Y hago hincapié en que el posicionamiento tiene que ser político, porque mi voto de hoy es el de todas las mujeres de mi provincia y de mi país, que están reclamando que no haya más muertes por la práctica de abortos clandestinos.

Desde hace un tiempo entendí, esto que hoy suena con toda lógica “No es aborto si o aborto no”, llevarlo, o no, a la práctica es una decisión íntima y personal, que escapa el debate político. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros acá es aborto clandestino o aborto legal.

En la Argentina entre 370 y 522 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. El aborto existe, sea legal o ilegal, la diferencia que hoy podemos hacer está en la cantidad de muertes y complicaciones que resultan de abortos realizados en las peores condiciones de salubridad y seguridad, y ante las peores violaciones al derecho a la integridad física, psíquica y moral.

Hoy tenemos la oportunidad de que el aborto deje de ser la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país.

El aborto en la Argentina es legal desde 1921. En el fallo “F.A.L.” la Corte Suprema explicó que el aborto legal no es inconstitucional ni contraviene las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Incluso, en el caso “Belén”, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que “el Estado (Argentino) debe considerar la descriminalización del aborto”, y debe asegurar “que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo”.

Creo que, después de la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales se expresen de esta manera, resulta sobreabundante justificar la constitucionalidad de este proyecto.

Durante el transcurso del debate de este proyecto en comisión propicié que podamos aprender de la experiencia uruguaya, que con sus errores, pero por cierto con sus grandes aciertos, tiene una legislación sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde el año 2012.

Sobre todo debemos aprender que nuestro vecino país Uruguay, con las políticas de aborto seguro y de salud sexual y reproductiva, disminuyó considerablemente su tasa de mortalidad materna. El aborto pasó de provocar el 37,5% de las muertes maternas a solo el 8,1%.

Esta experiencia hecha por tierra ese vulgar mito de que legalizar el aborto va a provocar “abortos en masa”, que no van a poder ser contenidos por el sistema de salud. Nada más lejano que eso, la experiencia uruguaya nos indica que su política de legalización del aborto seguro no solo reduce las muertes evitables de las mujeres, sino que en lugar provocar un aumento en el número de abortos, tiende a reducirlo.

Aquella legislación hace especial hincapié en la consulta previa con un equipo interdisciplinario conformado por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. Este equipo interdisciplinario tiene el deber de constituirse en un “ámbito de apoyo psicológico y social de la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consiente y responsable”.

No se trata de convencerla, ni de disuadirla, se trata de que la decisión se tome desde la más profunda convicción, lejos de presiones y temores externos. Además también propone una última consulta postaborto para informar sobre métodos de anticoncepción y prevención de embarazos no deseados.

Reconozco y sé del gran esfuerzo que hicieron las diputadas y diputados de todos los bloques para llegar al dictamen consensuado, pero no puedo dejar de manifestar que lamento que la consejería sobre “el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”, no sea obligatoria y sea únicamente para “mujeres o personas gestantes que lo requieran”.

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